Sigue vigente la discusión sobre la pretendida reforma propuesta por el gobierno nacional a la ley 30 que en la actualidad regula el sistema de la educación superior en Colombia.
Hoy en diversas ciudades del país estudiantes y docentes de universidades públicas han llevado a cabo concentraciones para protestar, no contra la idea de reforma en sí, sino contra varios de los puntos que en ella se contemplan y que para algunos es un paso cercano hacía la privatización de este servicio público nacional.
De antemano, no sobra decirlo, cualquier acción de protesta violenta si bien no deslegitima las críticas de que viene siendo objeto el proyecto, tampoco debe compartirse por cuanto la universidad debe constituirse en el centro mayor del pensamiento de una comunidad que pretenda transformaciones reales frente a sus actuales condiciones de vida y convivencia, por lo que situaciones que desborden en lo violento resultan contradictorias con el postulado anterior.
Sin embargo, aunque no por ello hay que dejar de lado la atención a las vías de hecho, el país debe concentrarse en lo fundamental, en este caso la definición del modelo de educación superior, principalmente de aquella que compete a las instituciones de carácter estatal u oficial para el futuro inmediato y a largo plazo.
Si bien es cierto que se han dado a conocer experiencias de otros países en el sentido de haber logrado hacer más competitivas a las universidades con resultados que algunos expertos señalan como exitosos, y que aspectos de esas iniciativas se quieren 'importar' a Colombia, la temática amerita una discusión amplia, equilibrada y sin afanes en las distintas regiones, para que la opinión pública nacional no tenga como simples referentes las notas periodísticas de los distintos medios que en ocasiones terminan resaltando más lo anecdótico que lo importante en sí.
Las universidades públicas que funcionan en las distintas regiones debieran aprovechar la ocasión para que sus consejos superiores sesionaran de forma permanente y ampliada durante varios días para que, además de escuchar a sus integrantes, se buscara el análisis de invitados de la sociedad en general inquietos por la temática y seguramente con cosas por decir. Es apenas un ejercicio democrático que bien vale la pena poner a consideración dentro del debate público, porque muchas veces se entiende que las discusiones políticas sobre aspectos como el puesto en referencia a nivel del Congreso de la República, inician y terminan simplemente con la obediencia ciega a aquello que se determina dentro de los llámados círculos de poder.
Que el ánimo de lucro para las universidades, que la inversión de capital privado para las mismas instituciones, que una cosa, que la otra, en fin, deben abordarse con la mayor profundidad y claridad posibles, como lo escribieramos hace algunos días en este mismo blog.
Resulta conveniente leer los documentos que se han dado a conocer desde el gobierno para que no sean los rumores de pasillo los que empiecen a orientar las posiciones que se asuman.
Por ejemplo, la propuesta en el artículo 15 establece que para que una Universidad siga obstentando esa categoría dentro de la educación superior tendrá que cumplir, con plazo máximo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la pretendida nueva ley, contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas, haber obtenido la acreditación institucional, ofrecer programas académicos en por los menos tres áreas del conocimiento, desarrollar investigación de alto nivel y tener, como mínimo, un programa de doctorado debidamente autorizado. De no cumplir lo anterior la institución perderá dicha denominación y pasará a alguna de las otras contempladas dentro del esquema de educación superior.
Seguramente lo anterior habla bien de las pretensiones que se tengan para elevar el tan sonado y necesario nivel de calidad académico, pero sobra advertir que para ello varias universidades requieren inyecciones presupuestales fuertes por parte del gobierno, pues tal como están tienen que 'sobre-aguar' 'algunas de ellas, principalmente en las provincias, para cumplir modestamente sus propósitos misionales (docencia, investigación y extensión) y dificilmente podrían continuar reservándose dicha denominación, a pesar de tener talento humano calificado y haber ido creciendo en infraestructura e investigación.
A lo mejor los defensores de la idea de invertir capital privado en las instituciones estatales encuentren el mejor argumento para ello con la citación de los puntos anteriores, pero no deben olvidar que ya el gobierno se ha venido desprendiendo de importantes responsabilidades sociales como para que ahora se le sume lo educativo, tal como ha venido ocurriendo en el sector de secundaria con la construccíón de los llamados 'megacolegios' y la contratación docente a través de otras instancias.
Como en muchos otros temas, los colombianos no pueden seguir pensando que aspectos como el educativo deben ser preocupación de unos pocos, como tampoco permitir que sea la protesta violenta la que termine formando o deformando imaginarios diferentes a los propositos fundamentales de la discusión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario