El Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia acaba de divulgar a través de su Dirección de Gestión del Riesgo la escalofriante cifra de 2 millones 830 mil colombianos damnificados por el invierno durante el último año, sin contar que aún falta la fase más fuerte de la temporada de lluvias esperada para este 2011 en el país, lo que ocasionará que esa cifra, lamentablemente, crezca en varios cientos de miles de compatriotas más.
El mayor problema no es la cantidad de afectados, el asunto más cruel es que dicha emergencia afecta a los pobres y más pobres, económicamente hablando, del territorio nacional.
Y los perjudica por que son muchos de ellos quienes tienen que levantar humildes ranchos en donde encuentren espacio para hacerlo; es decir, en terrenos amenazados por la erosión o inundaciones, pues hectáreas de tierra con altos grados de estabilidad son propiedad privada y sirven para construir modernas edificaciones con costos astronómicos para sus posibles compradores, generalmente de estratos altos o medios, estos últimos endeudándose hasta el cuello para poder hacerlo. En otras oportunidades los lotes siguen ahí, en esa condición, pero para 'engorde' que llaman.
Es cierto que uno de los pilares en que descansa el modelo de sociedad impuesto en Colombia es la propiedad privada y el respeto que se debe tener hacia ella, pero mientras millones de personas tienen muy poco o casi nada apenas en algunos miles recae la mayor concentración de riqueza. Entonces, el asunto es de distribución, que no es lo mismo que regalar. Tanta tierra existente para construir vivienda en lugares seguros y tantas gentes viviendo en zonas de altisimo riesgo. Racionalmente, es difícil de comprender.
Hay cosas muy simples de entender y de escribir. La actual emergencia que presenta Colombia no es sólo de inundaciones, deslizamientos, casas destruidas, vías taponadas, familias a la intemperie o albergues provisionales. La emergencia es de carácter moral.
Denuncias sobre mal llamados dirigentes haciendo politiquería en distintas regiones de Colombia con las ayudas dirigidas a los damnificados, aportes oficiales que no pueden ser tramitados a tiempo por falta de listados que demoran las alcaldías, funcionarios que aprovechan para socorrer a aliados o votantes políticos y dilatan aquellas provisiones que necesitan otros parroquianos que no son de sus afectos, hablan de ese tipo de emergencia que en estas líneas se plantea.
Si a lo anterior se le suma la deficiente calidad de las obras públicas en distintos puntos de la geografía nacional, contratadas con la empresa privada, la situación empeora. Lo único que se ha puesto en evidencia ahora es que la prevención apenas se ha quedado como remoquete para determinados organismos gubernamentales encargados de hacerla, aunque con las uñas, pues dentro de las asignaciones presupuestales de los entes territoriales esto es lo último que se mira. Mejor dicho, se destina lo que por ley corresponde.
Estadísticas como las reveladas refljejan lecturas de las realidades, el asunto es que en ocasiones se vuelven juego numérico para alimentar la cotidiniadad de las problemáticas y los temas que dentro de ella se abordan. De no ser así ¿Por qué las emergencias casi siempre en los mismos sitios? ¿Por qué casi siempre los mismos afectados? ¿Por qué casi siempre los mismos anuncios?
Si todo esto ocurre es porque algo grave falla, porque no se ha aprendido de las lecciones anteriores, porque en vez de soluciones de fondo se han adoptados medidas que no han dejado de ser 'pañitos de agua tibia' y negocio para algunos.
Es cierto, la fuerza de la naturaleza resulta incontrolobale en numerosas ocasiones, pero muchos de los daños de hoy se hubiesen podido evitar. Pareciese caerse en una especie de círculo vicioso donde quienes manejan recursos públicos esperan a que pasen cosas para poder así adjudicar contratos con o sin licitación, según las circunstancias que las normas contemplen, a sus amigos empresarios y repartirse las ganancias que de allí surjan.
A lo mejor esté equivocado, pero son tantas cosas y durante tantos años, que ni el llamado 'peor invierno' de la historia colombiana puede ayudar a ocultar dicho panorama.
Esperemos los anuncios de las multinacionales, de los poderosos grupos económicos colombianos, de quienes ubican sus capitales por un tiempo en el país y luego se llevan las ganancias a otras partes del planeta, en el sentido de saber qué municipios ayudarán a reconstruir, a reubicar, seguramente a sabiendas de argumentos como que para eso está el gobierno, que para eso pagan impuestos, que para eso que generan empleo, etc, etc, etc.
Si los discursos de nuestros gobernantes por mucho tiempo han sido que el atractivo de Colombia es porque aquí se dan las condiciones ideales de respeto a la propiedad privada y, con ella, a su inversión, pues entonces que la banca, las compañías petroleras y carboníferas y, la gran industría en general, asuman la responsabilidad de hacer presencia solidaria efectiva en un territorio donde siempre los menos favorecidos son quienes llevan 'del bulto', no sólo por culpa de la lluvia.
'Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco.'
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