Uno de los hechos noticiosos más destacados de la presente semana tiene que ver, sin duda, con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir al Gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, e inhabilitarlo por diez años para ocupar cargos públicos, por abierta participación en politica.
"Los hechos se relacionan con la reunión que promovió el Mandatario seccional en el cridaero La Leyenda del corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, el pasado 20 de febrero y a la que asistieron, además de 21 alcaldes, el entonces precandidato a la consulta conservadora Andrés Felipe Arias", se deja leer hoy en el diario El País de Cali (www.elpais.com.co), ciudad desde donde despachaba Abadía.
El Código Único Disciplinario considera actuaciones de este tipo como faltas gravísimas, pues se trata de aprovechar indebidamente los cargos públicos para hacer proselitismo en favor de uno u otro candidato, movimiento o partido con pretensiones electorales.
Vale la pena toda esta introducción para expresar que el papel de los gobernantes es posibilitar, además de sus actuaciones, las de aquellos otros ciudadanos que interesados en los temas públicos, quieren ayudar a generar y ejecutar las decisiones que persigan el bien común, entendiendo por lo público, de manera simple, aquello que interesa a la comunidad.
Sin embargo, y aunque el Gobernador ha anunciado que impodrá los recursos del caso al considerar que la exposición y decisión de la Procuraduría no corresponde a lo sucedido, todo parece indicar que lo que primó en esa reunión fue una abierta y descarada participación en política-electoral de un funcionario para intentar favorecer a otro personaje que hasta hace algún tiempo también lo había sido.
La reflexión apunta a lo siguiente, sea que se ratifique la decisión inicial o que la misma logre controvertirse y desvirtuarse: ¿En época electoral cuántos funcionarios intervienen en política?
La práctica pareciese decir que son muchos, montones, casi todos. Es común oir en los pasillos y "tertuliaderos" sobre el tema que fulanito es el candidato del presidente, del gobernador, del alcalde, del secretario de despacho, etc. Eso seguramente de tener candidatos no estaría mal de no ser porque la administración pública se pone al servicio de unos cuantos, cuando la ley lo prohible, la ética lo rechaza y hace que el ejercicio democrático sea tramposo y amañado.
¿A cuántos empleados, servidores públicos y contratistas del Estado no han obligado a participar en reuniones proselitistas y hasta financiar con votos, centavos, pesos o millones las campañas de turno, so pena de intimidarlos con posibles despidos o la no renovación de esos "favores" políticos?
las denuncias de este orden son pocas, a lo mejor porque se termina aceptando por parte de la sociedad dichas prácticas como normales, cuando de normal no tienen nada aunque sí mucho de común. Cuando alguien pone el dedo en la llaga entonces le llueven rayos y centellas y los cuestionados terminan aduciendo mil razones para alegar que son inocentes, perseguidos y hasta maltratados.
Fallos como el proferido disciplinariamente en contra del Gobernador del Valle terminan siendo excepcionales en un país donde las prácticas clientelistas son reiterativas y los aptos de corrupción tienen a la mitad de la población viviendo entre la pobreza y la miseria, según los más recientes estudios de expertos en el tema. En otras palabras, muchos saben lo que en la cotidianidad ocurre pero casi nunca aparecen las sanciones, a lo mucho, investigaciones que no pasan de ahí.
Ojala en la actual campaña política por la Presidencia de la República de Colombia no estén dándose episodios como los narrados atrás, que las cartas estén por encima y no por debajo de la mesa y, que eventuales actos de corrupción e intervención en política sean divulgados, investigados y se hagan sentir las sanciones disciplinarias, fiscales y hasta penales a que haya lugar, además de las morales que la sociedad imponga.
¿Pasará lo mismo en esos presuntos casos de intervención en politica como en aquellos otros donde el rumor es que en muchos despachos públicos se piden comisiones (ilegales) a los favorecidos con la adjudicación de contratos, representadas en el 10, 20 o 30% del valor total de éstos?
Tantas cosas se dicen ...
"Los hechos se relacionan con la reunión que promovió el Mandatario seccional en el cridaero La Leyenda del corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, el pasado 20 de febrero y a la que asistieron, además de 21 alcaldes, el entonces precandidato a la consulta conservadora Andrés Felipe Arias", se deja leer hoy en el diario El País de Cali (www.elpais.com.co), ciudad desde donde despachaba Abadía.
El Código Único Disciplinario considera actuaciones de este tipo como faltas gravísimas, pues se trata de aprovechar indebidamente los cargos públicos para hacer proselitismo en favor de uno u otro candidato, movimiento o partido con pretensiones electorales.
Vale la pena toda esta introducción para expresar que el papel de los gobernantes es posibilitar, además de sus actuaciones, las de aquellos otros ciudadanos que interesados en los temas públicos, quieren ayudar a generar y ejecutar las decisiones que persigan el bien común, entendiendo por lo público, de manera simple, aquello que interesa a la comunidad.
Sin embargo, y aunque el Gobernador ha anunciado que impodrá los recursos del caso al considerar que la exposición y decisión de la Procuraduría no corresponde a lo sucedido, todo parece indicar que lo que primó en esa reunión fue una abierta y descarada participación en política-electoral de un funcionario para intentar favorecer a otro personaje que hasta hace algún tiempo también lo había sido.
La reflexión apunta a lo siguiente, sea que se ratifique la decisión inicial o que la misma logre controvertirse y desvirtuarse: ¿En época electoral cuántos funcionarios intervienen en política?
La práctica pareciese decir que son muchos, montones, casi todos. Es común oir en los pasillos y "tertuliaderos" sobre el tema que fulanito es el candidato del presidente, del gobernador, del alcalde, del secretario de despacho, etc. Eso seguramente de tener candidatos no estaría mal de no ser porque la administración pública se pone al servicio de unos cuantos, cuando la ley lo prohible, la ética lo rechaza y hace que el ejercicio democrático sea tramposo y amañado.
¿A cuántos empleados, servidores públicos y contratistas del Estado no han obligado a participar en reuniones proselitistas y hasta financiar con votos, centavos, pesos o millones las campañas de turno, so pena de intimidarlos con posibles despidos o la no renovación de esos "favores" políticos?
las denuncias de este orden son pocas, a lo mejor porque se termina aceptando por parte de la sociedad dichas prácticas como normales, cuando de normal no tienen nada aunque sí mucho de común. Cuando alguien pone el dedo en la llaga entonces le llueven rayos y centellas y los cuestionados terminan aduciendo mil razones para alegar que son inocentes, perseguidos y hasta maltratados.
Fallos como el proferido disciplinariamente en contra del Gobernador del Valle terminan siendo excepcionales en un país donde las prácticas clientelistas son reiterativas y los aptos de corrupción tienen a la mitad de la población viviendo entre la pobreza y la miseria, según los más recientes estudios de expertos en el tema. En otras palabras, muchos saben lo que en la cotidianidad ocurre pero casi nunca aparecen las sanciones, a lo mucho, investigaciones que no pasan de ahí.
Ojala en la actual campaña política por la Presidencia de la República de Colombia no estén dándose episodios como los narrados atrás, que las cartas estén por encima y no por debajo de la mesa y, que eventuales actos de corrupción e intervención en política sean divulgados, investigados y se hagan sentir las sanciones disciplinarias, fiscales y hasta penales a que haya lugar, además de las morales que la sociedad imponga.
¿Pasará lo mismo en esos presuntos casos de intervención en politica como en aquellos otros donde el rumor es que en muchos despachos públicos se piden comisiones (ilegales) a los favorecidos con la adjudicación de contratos, representadas en el 10, 20 o 30% del valor total de éstos?
Tantas cosas se dicen ...
1 comentario:
Que el fallo es ejemplar, sí, no cabe duda, sin embargo creo que la justicia se queda corta, es decir, a uno de los más jóvenes y prometedores políticos del país se le castiga por 10 años y recae sobre él todo el peso de la ley y a otros que hablan a viva voz y desprestigian campañas de los actuales candidatos no se les hace nada, creo que así como las penas se aplican a los pequeños también deben aplicarse a los grandes y los pronunciamientos presidenciales debieran tener el mismo juzgamiento por parte de la ley y la comunidad.
Att. Carolina García P.
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