Una democracia lo es en tanto tenga una participación ciudadana activa a través de grupos organizados y representativos de la sociedad civil y en la medida que sus gobernantes trabajen en pro del bien común . De lo contrario, se convierte en un remedo de organización social y política que pretende legitimar discursos y prácticas cada vez que se acude a las urnas para elegir unos cuantos personajes que, bajo delegación del pueblo, reciben la responsabilidad y el orgullo de ocupar distintas dignidades o cargos en lo que aquí también podríamos llamar la cosa pública (Res Pública), para intentar asegurar el funcionamiento institucional de un país o territorio.
Sin embargo, resulta no menos que vergonzoso sentarse a ver un noticiero de televisión, escuchar uno de radio o repasar las páginas físicas o virtuales de los periódicos y revistas para asistir de manera cotidiana al grotesco espectáculo de funcionarios y servidores públicos comprometidos en temas de corrupción, de la mano de contratistas y proveedores del sector privado que con tal de ganar millonarias licitaciones acceden a todo tipo de presiones para resultar favorecidos. Seguramente no sean todos, pero en un país como Colombia pareciera convertirse en la regla general, por lo menos cuando las cuantías resultan altas.
La sanción disciplinaria impuesta hace pocos días al Contralor de Bogotá por haber participado, según el Ministerio Público, en el trístemente célebre "cartel de la contratación" en el distrito capital, pone también el dedo en la llaga: ¿Están revestidos los organismos de fiscalización del país en los niveles central, regional y local de la suficiente estatura ética y moral para cumplir a cabalidad con sus funciones en representación de nosotros, los ciudadanos?
La pregunta resulta pertinente por cuanto no es la primera vez que se tiene conocimiento de actuaciones fraudulentas, por fuera de la ley, de los llamados a cumplir ésta y hacer que otros también lo hagan. Tendrá que revisarse el modelo que se sigue para la escogencia de quienes llegan a cargos de dirección en estamentos como las contralorías, procuradurías, fiscalías, personerías, etc, con el objeto de hacer replanteamientos parciales o totales.
Razones tienen quienes invitan a que los cambios lleven, incluso, a la eliminación o supresión de dependencias en determinados niveles. También aparecen argumentos serios de aquellos que advierten que si por las fallas que se presentan fuera, entonces tocaría cerrar ministerios, gobernaciones, alcaldías y hasta la misma Presidencia, cuando de manera reiterada muchos de sus protagonistas han ido o van de mal en peor; propugnando en consecuencia porque el asunto sea mejorar lo existente.
Dentro de la opinión pública el panorama presente genera confusión y, en no pocos casos, desesperanza, aunque lo mejor que podría ocurrir es que la sociedad como tal se siga organizando y tome en serio el papel de soberano que nuestro sistema político-social le entrega, para que los gobernantes conviertan en realidad los proyectos que las comunidades definan para sí y no lo que a los funcionarios les venga en gana. En otras palabras, el interés público sobre el interés particular, del que tantas veces hemos escuchado hablar.
Es cierto, del discurso a la práctica, del dicho al hecho, de la retórica a la acción, el camino no resulta nada fácil, pero iniciativas civiles de todo tipo se encuentran a lo largo y ancho del país, muchas sin mayor publicidad mediática. La sociedad civil es democrática, humanista, noviolenta. Los movimientos sociales por los derechos civiles y los movimientos feministas de los años 60 y 70, experiencias de resistencia campesina a la violencia como la ocurrida en el magdalena medio, de resistencia cultural como la de los 'Hijos del tabaco,la coca y la yuca dulce' en el amazonas; los grupos ecologistas de antes y de ahora en distintas regiones, se convierten en muestra que cuando se quiere, se puede, por peligroso o dilatado que sea el camino.
Lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, Africa y Medio Oriente en particular, debe sonar como campanazo de alerta en territorios como los nuestros, a lo mejor no porque la población vaya a levantarse en revueltas y pedir que los gobernantes abandonen sus cómodos cargos como ocurriera en Egipto y Túnez y ya casi en Libia, pues aquí las épocas de las dictaduras ya pasaron, así algunos se autoconsideren especies de capataces de la nación para proponer, hacer y deshacer.
El tema va por otro lado. La reacción de allá debe servir como ejemplo acá para que la gente del común se interese más por lo que aquí sucede, porque lo público y su esfera sea algo prioritario, punto de discusión permanente, de encuentros y desencuentros, y no meramente tajada monetaria y repartición de puestos para los avivatos del poder y sus amigos o compinches.
No puede continuar ocurriendo que la ética de lo público quede simplemente como utopía, deseo o ideal, mientras al país se lo siguen robando sin que a muchos de los ciudadanos del común les interese. Aquí debemos comportarnos como ciudadanos y no como súbditos, pues decimos vivir en democracia y, que se sepa, en Colombia hoy no opera ninguna monarquía.
Se supone que la división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) en una República pretende, entre otras cosas, evitar la concentración del mismo en pocas manos y, con ello, el abuso que se genera cuando esto último así ocurre. Siempre ha sido el momento, ahora también (adaptando la propuesta encaminada a cuestionar el papel de los medios de comunicación como cuarto poder), de apelar a lo que se le ha escuchado mencionar en varias oportunidades al director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet: el quinto poder, el de la gente, el de los ciudadanos, porque buena parte de los otros o bien están confundidos, refundidos o peligrosa e 'interesadamente' conectados.
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