No resulta comprensible, por lo menos a primera vista, la posición del ex Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, en el sentido de compartir el hecho que varios de sus compañeros de gobierno estén solicitando asilo en países vecinos por considerar que no tienen garantías en la justicia colombiana, dentro de las investigaciones que se les siguen por haber cometido presuntos delitos comunes y que ahora, esos mismos protagonistas, quieren presentar de otro modo como si fuesen perseguidos políticos.
El caso ya comentado de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y la posición asumida por el gobienro de Panamá resulta aberrante, pues no se trata de un delito (las chuzadas telefónicas) que alguien se esté inventando o del cual pueda negarse su existencia.
Sin embargo, lo peor del asunto es que quien dirigiera los destinos del país en los recientes ocho años salga a decir a los cuatro vientos que comparte y apoya la decisión que los implicados en esos actos vergonzozos busquen asilo, porque la justicia colombiana no les ofrece garantías. "Siempre pedí a los compañeros de gobierno que dijeran la verdad", dice Uribe Vélez al encabezar el primero de los nueve puntos donde se manifestó al respecto y por escrito.
El hecho que durante todo este tiempo la justicia no haya estado arrodillada al poder ejecutivo, como sí sucede con el legislativo, que ha terminado siendo del bolsillo de los gobernates de turno, no significa entonces que se tenga que caer en una especie de 'cacería de brujas' donde paguen justos por pecadores, asi en ocasiones ese mismo poder judicial pueda dejar algunas dudas o sinsabores en sus determinaciones.
No resulta sano para un país, del que se dice vive y actúa en democracia, que la cabeza principal del Estado durante los anteriores dos mandatos quiera deslegitimar la función de una de las ramas de la República, siendo precisamente la esencia de ésta la separación de poderes. Por el contrario, quienes han pasado o están al frente de las más altas dignidades que el pueblo pueda entregar en representación suya, tienen el compromiso de ayudar a esclarecer y no de obstruir la función de la justicia.
Los delitos se cometen en concreto, no en abstracto. Por ello, si hay delitos es porque hay delincuentes, y la soberbia del poder que se tuvo (o que aún se tiene) no puede llevar a que la impunidad siga reinando en una nación que como la colombiana está cansada que la corrupción tenga las puertas abiertas y no pase nada, sobre todo si se trata de los autoproclamados 'padres de la patria' y sus séquitos.
Aquí no se puede seguir permitiendo el discurso que tienen muchos funcionarios y ex funcionarios en el sentido que cuando la justicia los absuelve es porque dicha rama hace su trabajo bien, pero apenas los investiga y hasta condena entonces se trata de una persecución. La gravedad de varios de los hechos que se han ventilado ante la opinión pública, incluso, ameritan que estos temas merezcan tratarse de cara al país en todas las instancias de los procesos que se llevan a cabo.
En un territorio como Colombia los únicos que tendrían derecho a levantar sus voces por considerar que no tienen garantías son los millones de ciudadadanos en situación de desplazamiento, los que no tienen empleo, los que reciben una educación de quinta, los que tienen que levantar sus ranchos en zonas no aptas porque no les queda otra alternativa, los campesinos que no ven recompensadas sus arduas tareas y tienen que regalar sus cosechas a los intermediarios, las familias victimas de los falsos positivos, quienes tienen que repagar una y otra vez los préstamos a la banca privada, los que se ven presionados a vender su voto en las elecciones, aquellos que tienen que vivir bajo de los puentes, quienes se mueren en las entradas de los hospitales, etc, etec, etc.
Los anteriores grupos sociales sí pueden expresar con justas razones que no tienen garantías, pero no nos vengan con el cuento que los adinerados, influyentes, burócratas y socios de los grandes clubes del país, vampiros en muchas ocasiones de lo público, se encuentran indefensos y necesitan salir del territorio y ser acogidos por otros gobiernos porque aquí se les ha maltrado y no pueden seguir haciendo de las suyas.
Lástima que dentro de ese afán de poder enreden y terminen con la vida de personas de bien, quienes al dejarse seducir piensan que pueden pasar de 'agache' las faltas que cometan.
Si no fuera porque la situación es seria, el asunto daría risa. ¡Qué verguenza mucha de nuestra clase política dirigente!
Es otro el país que sueño para mis hijos y el que mis padres desearon para los de mi generación.
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