Las sentencias judiciales ni son buenas cuando favorecen los intereses particulares, ni malas cuando afectan los mismos. Tampoco los fallos dados resultan palabra divina como para creerlos libres de intereses extraños, algo fácil de decir y difícil de probar, pues la racionalidad humana lleva a encontrar múltiples razones justificadas de las cosas, así se escuchen contradictorias.
Estas afirmaciones caben para asuntos personales comerciales, institucionales y/o nacionales, como el reciente pronunciamento, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia de la ONU sobre la disputa por miles de kilómetros de mar territorial entre Colombia y Nicaragua, donde este último país ha salido favorecido de manera amplia.
Los falsos e hipócritas llamados patrióticos de la clase política y gubernamental para defender lo que ellos en años no han sabido hacer, no puede convertirse en elemento distractor en un tema tan sensible como el puesto en referencia, ni muchos menos, colombianos y nicaragüenses desprevenidos caer en el juego de sus clases dirigentes que, en esta nueva oportunidad, buscan pescar en 'mar revuelto' para ocultar sus desastrosos manejos de los asuntos públicos.
Toda sentencia genera, entonces, decepciones y alegrías, por decir lo menos. Sin embargo, lo que resulta evidente es que en cualquier litigio las partes que en él intervienen deben pensar en todos los escenarios posibles que puedan surgir.
Respuestas orientadas a intentar explicar, para el caso colombiano, que no se esperaban determinaciones en tal o cual sentido resultan ingenuas y francamente vergonzozas, asi como ha resultado el tratamiento que diferentes gobiernos nacionales le han dado a muchas regiones del país, con el beneplácito de los mismos dirigentes seccionales que con tal de mantener sus privilegios han hecho poco o nada por aquello que en sentido republicano se llama el bien común.
A lo mejor el sentir de los habitantes de San Andrés y Providencia no sea por un patriotismo colombiano o nicaragüense, cosa que no está en discusión, sino porque dentro del abandono histórico al que han estado sometidos (con Nicaragúa la experiencia dificilmente sería contraria) encuentran en las riquezas del mar esas casi que únicas posibilidades de subsistencia, gracias a sus propios esfuerzos, a sus méritos interiores, a que se lo han ganado a pulso, a que lo han luchado a diario.
Lo que importa ahora es garantizar que no se afecte negativamente el modo de vida de los pescadores y cientos de familias sanandresanas. Eso lo debería aclarar la Corte de la Haya, con la intervención de la misma Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos de los países implicados, pues la dignidad humana y de los pueblos está por encima de cualquier principio de soberanía.
Los discursos politiqueros sobran, los pseudo dirigentes nacionales también. El fallo habrá que acatarlo, pues responde a las reglas del juego por más justas o injustas que parezcan, a no ser que se demuestre en lo jurídico que hubo omisiones o determinaciones amañadas.
El camino habrá de llevar a buscar salidas pacíficas donde lo jurídico y lo político tengan un lugar común de encuentro, pues a las familias necesitadas y en condición de pobreza en San Andrés no les interesa en el fondo ser de uno u otro lado, sino pensar que tienen derecho a una vida mejor.
Toda sentencia genera, entonces, decepciones y alegrías, por decir lo menos. Sin embargo, lo que resulta evidente es que en cualquier litigio las partes que en él intervienen deben pensar en todos los escenarios posibles que puedan surgir.
Respuestas orientadas a intentar explicar, para el caso colombiano, que no se esperaban determinaciones en tal o cual sentido resultan ingenuas y francamente vergonzozas, asi como ha resultado el tratamiento que diferentes gobiernos nacionales le han dado a muchas regiones del país, con el beneplácito de los mismos dirigentes seccionales que con tal de mantener sus privilegios han hecho poco o nada por aquello que en sentido republicano se llama el bien común.
A lo mejor el sentir de los habitantes de San Andrés y Providencia no sea por un patriotismo colombiano o nicaragüense, cosa que no está en discusión, sino porque dentro del abandono histórico al que han estado sometidos (con Nicaragúa la experiencia dificilmente sería contraria) encuentran en las riquezas del mar esas casi que únicas posibilidades de subsistencia, gracias a sus propios esfuerzos, a sus méritos interiores, a que se lo han ganado a pulso, a que lo han luchado a diario.
Lo que importa ahora es garantizar que no se afecte negativamente el modo de vida de los pescadores y cientos de familias sanandresanas. Eso lo debería aclarar la Corte de la Haya, con la intervención de la misma Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos de los países implicados, pues la dignidad humana y de los pueblos está por encima de cualquier principio de soberanía.
Los discursos politiqueros sobran, los pseudo dirigentes nacionales también. El fallo habrá que acatarlo, pues responde a las reglas del juego por más justas o injustas que parezcan, a no ser que se demuestre en lo jurídico que hubo omisiones o determinaciones amañadas.
El camino habrá de llevar a buscar salidas pacíficas donde lo jurídico y lo político tengan un lugar común de encuentro, pues a las familias necesitadas y en condición de pobreza en San Andrés no les interesa en el fondo ser de uno u otro lado, sino pensar que tienen derecho a una vida mejor.
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