Censura electoral

Sigue dando de qué hablar el ya tristemente célebre artículo 47 de la reforma política aprobado en diciembre por el Congreso de la República, según el cual en la elecciones de octubre próximo para elegir gobernadores, alcaldes, diputados concejales y juntas administradoras locales, sólo podrán sufragar quienes lo hayan hecho en los comicios de 2010 cuando en las urnas se decidió el nombre de Juan Manuel Santos como nuevo Jefe de Estado.

Lo anterior significa, nada mas y nada menos, que de aproximadamente 30 millones de colombianos mayores de edad y en capacidad de votar, apenas el 50 por ciento de ellos lo pueda hacer, recibiendo los demás el castigo por haber hecho parte de la mayoritaria población abstencionista; es decir, por no haber sufragado en la más reciente oportunidad. La única posibilidad para los hoy afectados de no perder dicho derecho sería el de volver a inscribir sus cédulas dentro de pocas semanas para quedar nuevamente activos dentro del censo electoral.

El pronunciamiento que sobre el particular haga la Corte Constitucional deberá ser contundente, dentro de la sabiduría que tengan sus magistrados, sin olvidar que semejante despropósito apenas asomó la cabeza en las actas de conciliación de Senado y Cámara de Representantes, nunca en los debates reglamentarios que se exigen para aprobar las leyes en este país. ¿Qué piensa sobre el particular el Presidente Santos?

La Constitución Política de Colombia de 1991 es, por encima de todo, una carta fundamental de derechos que en sus dos primeros artículos recoge de forma clara la concepción de lo que debe ser un Estado Social de Derecho, y que dentro de algunos de sus fines esenciales clama por "facilitar la participación de todos (los ciudadanos) en las decisiones que los afectan".

De ahí que no resulte entendible (no soy abogado, mucho menos constitucionalista, apenas un ciudadano común y orgulloso Comunicador Social-Periodista), que por cuenta de la clase politiquera nacional se cercene el derecho de millones de connacionales a participar, si así lo decidieran, en las elecciones de octubre y, de paso, con el pretendido nuevo censo armar estrategias para quién sabe qué tipo de fines a corto y mediano plazo.

Si bien es cierto que muchos ciudadanos no merecen ese título por cuanto su participación en la vida política del país es casi nula, entendiendo por ésta no solamente la partidista-electoral, sino toda aquella que permita el reconocimiento como sujetos de derechos y deberes dentro de una sociedad a quienes se preocupan por lo público y el bien común a partir de procesos colectivos, también lo es que muchas de las condiciones al interior del territorio nacional escasamente dan para que cientos de personas intenten subsistir teniendo como prioridades el adquirir un pedazo de pan y una panela para medio pasar el día con algo en el estómago.

Entonces, si decimos que en Colombia impera un sistema democrático difícilmente cabe en cabeza alguna que ahora se proponga como castigo para los abstencionistas al sufragio dejarlos sin posibilidad de votar en los próximos comicios, mucho más cuando el voto obligatorio no está contemplado por la Constitución ni tampoco que por el hecho de no asistir antes a las urnas se empiecen a perder ahora determinados derechos.

Más bien valdría la pena preguntar por qué casi siempre algo más de la mitad de los colombianos deja de acercarse a las mesas a reclamar los tarjetones: la apatía y la falta de compromiso ciudadano seguramente hagan parte de las causas que se encuentren, pero resulta claro que otras como la altísima corrupción imperante, los engaños constantes de los candidatos, el 'voltiarepismo' por doquier, los conciertos para delinquir con la finalidad de apropiación del erario público, y hasta las trampas que se denuncian tras los escrutinios, parezcan razones de mayor poder para que muchos no acudan a las llamadas 'citas democráticas'. En otras palabras, los negociantes de la política que han espantado a los electores de los puestos de votación se parecen demasiado a los barras-bravas del fútbol que alejaron a los aficionados de los estadios.

Claro, los buenos candidatos, los que guardan una coherencia ética entre sus discursos y acciones, quienes están dispuestos a convertirse en servidores públicos en el sentido pleno del término, aquellos que visionan una sociedad mejor, que no teman pensar en grande ni liderar transformaciones; merecen el apoyo efectivo del pueblo, el respaldo de la opinión pública y el acompañamiento de la sociedad civil. El problema es que esos hombres y mujeres se pierdan en el rincón de los recuerdos, endeudados hasta el cuello, sin el apoyo popular suficiente, y sigan siendo las maquinarias politiqueras las que continúen tomando las riendas del poder.

Señoras y señores, al ahogado no hay que buscarlo río arriba, a no ser que los mezquinos y torcidos intereses lo requieran, aunque a lo mejor los gestores de tamaña iniciativa de castigo puedan argumentar los mejores propósitos para la sociedad colombiana, cosa que no creo.

En un país donde se hace evidente la necesidad de restituir tierras a los desplazados por la violencia, de buscar que ninguna persona se vaya a la cama con hambre, de asegurar calidad en la educación para niños y jóvenes, de permitir igualdad de oportunidades para sus ciudadanos, de posibilitar empleos y salarios dignos, de defender el derecho a la vida, resulta cuestionable que por cuenta de la reforma política quieran borrar ahora, de un plumazo, a los abstencionistas, pues esa también es una forma que tiene la gente de manifestarse cuando ve que 'todo cambia para que las cosas sigan tal como van', o a veces peor.