La emergencia no es sólo por demasiada agua lluvia

El Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia acaba de divulgar a través de su Dirección de Gestión del Riesgo la escalofriante cifra de 2 millones 830 mil colombianos damnificados por el invierno durante el último año, sin contar que aún falta la fase más fuerte de la temporada de lluvias esperada para este 2011 en el país, lo que ocasionará que esa cifra, lamentablemente, crezca en varios cientos de miles de compatriotas más.

El mayor problema no es la cantidad de afectados, el asunto más cruel es que dicha emergencia afecta a los pobres y más pobres, económicamente hablando, del territorio nacional.

Y los perjudica por que son muchos de ellos quienes tienen que levantar humildes ranchos en donde encuentren espacio para hacerlo; es decir, en terrenos amenazados por la erosión o inundaciones, pues hectáreas de tierra con altos grados de estabilidad son propiedad privada y sirven para construir modernas edificaciones con costos astronómicos para sus posibles compradores, generalmente de estratos altos o medios, estos últimos endeudándose hasta el cuello para poder hacerlo. En otras oportunidades los lotes siguen ahí, en esa condición, pero para 'engorde' que llaman.

Es cierto que uno de los pilares en que descansa el modelo de sociedad impuesto en Colombia es la propiedad privada y el respeto que se debe tener hacia ella, pero mientras millones de personas tienen muy poco o casi nada apenas en algunos miles recae la mayor concentración de riqueza. Entonces, el asunto es de distribución, que no es lo mismo que regalar. Tanta tierra existente para construir vivienda en lugares seguros y tantas gentes viviendo en zonas de altisimo riesgo. Racionalmente, es difícil de comprender.

Hay cosas muy simples de entender y de escribir. La actual emergencia que presenta Colombia no es sólo de inundaciones, deslizamientos, casas destruidas, vías taponadas, familias a la intemperie o albergues provisionales. La emergencia es de carácter moral.

Denuncias sobre mal llamados dirigentes haciendo politiquería en distintas regiones de Colombia con las ayudas dirigidas a los damnificados, aportes oficiales que no pueden ser tramitados a tiempo por falta de listados que demoran las alcaldías, funcionarios que aprovechan para socorrer a aliados o votantes políticos y dilatan aquellas provisiones que necesitan otros parroquianos que no son de sus afectos, hablan de ese tipo de emergencia que en estas líneas se plantea.

Si a lo anterior se le suma la deficiente calidad de las obras públicas en distintos puntos de la geografía nacional, contratadas con la empresa privada, la situación empeora. Lo único que se ha puesto en evidencia ahora es que la prevención apenas se ha quedado como remoquete para determinados organismos gubernamentales encargados de hacerla, aunque con las uñas, pues dentro de las asignaciones presupuestales de los entes territoriales esto es lo último que se mira. Mejor dicho, se destina lo que por ley corresponde.

Estadísticas como las reveladas refljejan lecturas de las realidades, el asunto es que en ocasiones se vuelven juego numérico para alimentar la cotidiniadad de las problemáticas y los temas que dentro de ella se abordan. De no ser así ¿Por qué las emergencias casi siempre en los mismos sitios? ¿Por qué casi siempre los mismos afectados? ¿Por qué casi siempre los mismos anuncios?

Si todo esto ocurre es porque algo grave falla, porque no se ha aprendido de las lecciones anteriores, porque en vez de soluciones de fondo se han adoptados medidas que no han dejado de ser 'pañitos de agua tibia' y negocio para algunos.

Es cierto, la fuerza de la naturaleza resulta incontrolobale en numerosas ocasiones, pero muchos de los daños de hoy se hubiesen podido evitar. Pareciese caerse en una especie de círculo vicioso donde quienes manejan recursos públicos esperan a que pasen cosas para poder así adjudicar contratos con o sin licitación, según las circunstancias que las normas contemplen, a sus amigos empresarios y repartirse las ganancias que de allí surjan.

A lo mejor esté equivocado, pero son tantas cosas y durante tantos años, que ni el llamado 'peor invierno' de la historia colombiana puede ayudar a ocultar dicho panorama.

Esperemos los anuncios de las multinacionales, de los poderosos grupos económicos colombianos, de quienes ubican sus capitales por un tiempo en el país y luego se llevan las ganancias a otras partes del planeta, en el sentido de saber qué municipios ayudarán a reconstruir, a reubicar, seguramente a sabiendas de argumentos como que para eso está el gobierno, que para eso pagan impuestos, que para eso que generan empleo, etc, etc, etc.

Si los discursos de nuestros gobernantes por mucho tiempo han sido que el atractivo de Colombia es porque aquí se dan las condiciones ideales de respeto a la propiedad privada y, con ella, a su inversión, pues entonces que la banca, las compañías petroleras y carboníferas y, la gran industría en general, asuman la responsabilidad de hacer presencia solidaria efectiva en un territorio donde siempre los menos favorecidos son quienes llevan 'del bulto', no sólo por culpa de la lluvia.

'Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco.'

Propósitos en Semana Santa

La Semana Mayor, como también se le conoce en el mundo católico, debe permitir una serie de reflexiones y acciones que posibiliten cambios no sólo en lo espiritual, también en lo material. De lo contrario, no dejará de ser un periodo de descanso para algunos, de cumplir con unas obligaciones religiosas para otros o, simplemente, unos días que pueden ser aprovechados para otras cosas.

¿Por qué lo anterior? Resulta difícil creer que un un país como Colombia de mayoría católica y donde se profesan otros credos, donde muchos dicen sentir temor de Dios, donde se acude con aparente devoción a misas y otros ritos, donde muchas de las cosas que se hacen desde las primeras horas del día hasta las últimas de la noche son encomendadas al Creador, ocurran entonces tantas injusticias, se cometan tantas arbitrariedades y se actue tantas veces de manera irresponsable.

Con toda seguridad se trata de manifestaciones que terminan siendo menos numerosas que aquellas llenas de vida, altruismo, solidaridad, compromiso, fe, respeto y convivencia que a diario se presentan. Como diría alguien: "los buenos somos más". Sin embargo, no dejan de causar preocupación, angustia y dolor situaciones que no tienen presentación en un territorio colmado por doquier de riquezas en cualquier orden.

La calidad de persona que es el colombiano, su espíritu de lucha, su tenacidad para el trabajo, su disposición a toda hora para acudir cuando se le requiere, su afán de superación, su apego a la patria, terminan siendo maltratados por conductas que no son propias de las personas, sino adquiridas, alimentadas y hasta alcahuetadas en distintas oportunidades.

Por ejemplo, no cabe en cabeza alguna que aquí todavía sigamos en un conflicto armado interno, más allá de las justificaciones que algunos actores puedan encontrar para ello. Es sangre de colombianos, de los más humildes, la que se derrama a cada instante. Otra nueva generación está naciendo y seguimos en las mismas, así los nombres de los protagonistas cambien por épocas.

Tampoco es admisible que niños y niñas que apenas se acercan a la adolescencia sean mercancía de quienes hacen fortunas a expensas de sacar provecho de mal llamados negocios como el sicariato, la trata de personas y la mendicidad, entre otros. Eso es criminal.

De igual manera, no resulta aceptable que las condiciones de marginalidad en que habitan cientos de familias en las periferias de los grandes y pequeños centros urbanos sigan creciendo a ritmos acelerados, convirtiéndose dichas escenas en elementos decorativos del paisaje, común a las miradas de propios y extraños sin que surjan soluciones de fondo.

Menos aún, que cientos de compatriotas sigan secuestrados, varios de ellos pudiéndrose en las selvas y volviendo a ser recordados por el país cada cierto tiempo cuando quiere armarse un espectáculo valiéndose para ello del impacto que ofrecen los medios de comunicación.

Así mismo, no puede ser tolerable el más pequeño nivel de corrupción que se registre en el manejo de lo público y de lo privado, sobre todo de lo primero, donde tienen que primar los intereses comunes de la sociedad, tarea fundamental para impulsar la construcción de ciudadanía y generar auténticos procesos de participación y desarrollo. Varios de los males que hoy afronta el territorio colombiano en materia de infraestructura, para citar un caso general, no son culpa exclusiva de la fuerte temporada de lluvias, sino de la improvisación en obras y la falta de calidad en éstas, para no ir tan lejos.

La religiosidad que se profesa en Colombia debe estar supeditada a que se haga el bien y no el mal al vecino, al amigo, al desconocido, al opositor.

Escenas como la del sicario que ora para que pueda matar a su víctima y no lo atrapen, seguramente la del contratista que paga una promesa con tal de no ser descubierto en sus fechorías, la del funcionario que asiste al oficio religioso dominical pero se roba los dineros destinados a la salud y educación del pueblo, la del empresario que viaja por el mundo y visita, además de otros sitios, lugares sagrados mientras sus trabajadores se quedan devengando salarios de hambre, no son dignas de la fe ni de la espiritualidad que se aparenta profesar.

Porque esta Semana Santa sirva de verdad para que muchos pensamientos y corazones se transformen. De lo contrario, no pasará de ser otra temporada en que los buenos seguirán orando mientras corruptos y criminales malgastarán el tiempo para seguir maquinando en sus mentes enfermas las maneras sucias y tramposas de ponerle piedras a las ruedas de esperanza de todo una nación.

La necesidad de las reformas, pero no a cualquier precio

Sigue vigente la discusión sobre la pretendida reforma propuesta por el gobierno nacional a la ley 30 que en la actualidad regula el sistema de la educación superior en Colombia.

Hoy en diversas ciudades del país estudiantes y docentes de universidades públicas han llevado a cabo concentraciones para protestar, no contra la idea de reforma en sí, sino contra varios de los puntos que en ella se contemplan y que para algunos es un paso cercano hacía la privatización de este servicio público nacional.

De antemano, no sobra decirlo, cualquier acción de protesta violenta si bien no deslegitima las críticas de que viene siendo objeto el proyecto, tampoco debe compartirse por cuanto la universidad debe constituirse en el centro mayor del pensamiento de una comunidad que pretenda transformaciones reales frente a sus actuales condiciones de vida y convivencia, por lo que situaciones que desborden en lo violento resultan contradictorias con el postulado anterior.

Sin embargo, aunque no por ello hay que dejar de lado la atención a las vías de hecho, el país debe concentrarse en lo fundamental, en este caso la definición del modelo de educación superior, principalmente de aquella que compete a las instituciones de carácter estatal u oficial para el futuro inmediato y a largo plazo.

Si bien es cierto que se han dado a conocer experiencias de otros países en el sentido de haber logrado hacer más competitivas a las universidades con resultados que algunos expertos señalan como exitosos, y que aspectos de esas iniciativas se quieren 'importar' a Colombia, la temática amerita una discusión amplia, equilibrada y sin afanes en las distintas regiones, para que la opinión pública nacional no tenga como simples referentes las notas periodísticas de los distintos medios que en ocasiones terminan resaltando más lo anecdótico que lo importante en sí.

Las universidades públicas que funcionan en las distintas regiones debieran aprovechar la ocasión para que sus consejos superiores sesionaran de forma permanente y ampliada durante varios días para que, además de escuchar a sus integrantes, se buscara el análisis de invitados de la sociedad en general inquietos por la temática y seguramente con cosas por decir. Es apenas un ejercicio democrático que bien vale la pena poner a consideración dentro del debate público, porque muchas veces se entiende que las discusiones políticas sobre aspectos como el puesto en referencia a nivel del Congreso de la República, inician y terminan simplemente con la obediencia ciega a aquello que se determina dentro de los llámados círculos de poder.

Que el ánimo de lucro para las universidades, que la inversión de capital privado para las mismas instituciones, que una cosa, que la otra, en fin, deben abordarse con la mayor profundidad y claridad posibles, como lo escribieramos hace algunos días en este mismo blog.

Resulta conveniente leer los documentos que se han dado a conocer desde el gobierno para que no sean los rumores de pasillo los que empiecen a orientar las posiciones que se asuman.

Por ejemplo, la propuesta en el artículo 15 establece que para que una Universidad siga obstentando esa categoría dentro de la educación superior tendrá que cumplir, con plazo máximo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la pretendida nueva ley, contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas, haber obtenido la acreditación institucional, ofrecer programas académicos en por los menos tres áreas del conocimiento, desarrollar investigación de alto nivel y tener, como mínimo, un programa de doctorado debidamente autorizado. De no cumplir lo anterior la institución perderá dicha denominación y pasará a alguna de las otras contempladas dentro del esquema de educación superior.

Seguramente lo anterior habla bien de las pretensiones que se tengan para elevar el tan sonado y necesario nivel de calidad académico, pero sobra advertir que para ello varias universidades requieren inyecciones presupuestales fuertes por parte del gobierno, pues tal como están tienen que 'sobre-aguar' 'algunas de ellas, principalmente en las provincias, para cumplir modestamente sus propósitos misionales (docencia, investigación y extensión) y dificilmente podrían continuar reservándose dicha denominación, a pesar de tener talento humano calificado y haber ido creciendo en infraestructura e investigación.

A lo mejor los defensores de la idea de invertir capital privado en las instituciones estatales encuentren el mejor argumento para ello con la citación de los puntos anteriores, pero no deben olvidar que ya el gobierno se ha venido desprendiendo de importantes responsabilidades sociales como para que ahora se le sume lo educativo, tal como ha venido ocurriendo en el sector de secundaria con la construccíón de los llamados 'megacolegios' y la contratación docente a través de otras instancias.

Como en muchos otros temas, los colombianos no pueden seguir pensando que aspectos como el educativo deben ser preocupación de unos pocos, como tampoco permitir que sea la protesta violenta la que termine formando o deformando imaginarios diferentes a los propositos fundamentales de la discusión.

Dos mujeres que dejaron huella

Es apenas justo, por lo que representaron, no dejar terminar este mes sin rendir homenaje a dos mujeres colombianas que fallecieran en marzo pero cuyo recuerdo permanecerá en la mente de millones de personas por el trabajo público que adelantaron año tras año, desde hace mucho tiempo, en favor de la cultura nacional.

Hablamos de Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión colombiana, quien por esas cosas de la vida dejó de existir la misma fecha (24 de marzo) en que tradicionalmente se celebra en el país el día del locutor. Muchos crecimos escuchando y viendo a doña Gloria. Es más, aún recordamos su 'Naturalia' donde conociamos "la historia de los animales y los animales en la historia", cuando no existían los canales privados y la oferta de programación en la pantalla chica se me hacía más variada y plural en la primera, segunda y tercera cadena públicas.

Mejor dicho, si hubo dos presentadores de la televisión, entre varios más, que marcaron la mente de los hombres y mujeres de mi generación, esos fueron Gloria Valencia de Castaño y Fernando González Pacheco, este último aún haciendo parte del mundo terrenal, aunque ya retirado de las cámaras y los micrófonos.

A la muerte de la presentadora y periodista tolimense se le ha agregado ahora la lamentable noticia de la desaparición de Sonia Osorio, fundadora del Ballet de Colombia hace medio siglo. La bailarina y coreógrafa, sin dudal alguna, ha sido una de las mejores embajadoras que ha tenido el país en el contexto internacional.

La bogotana Sonia Osorio se ganó a pulso el hecho de convertirse en icono de la cultura nacional, en especial de la danza, su gran pasión. Su hijo Rodrigo Obregón ha prometido seguir manteniendo vivo el legado de su señora madrea a través de la creación de una fundación que llevará su nombre y el del maestro Alejandro Obregón, su segundo esposo.

Gloria Valencia y Sonia Osorio, dos mujeres de amplio reconocimiento en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y quienes nos acompañaron en vida en este primer decenio del XXI. Las palabras sobran, sus obras hablan por sí solas.

Fotografías: Gloria Valencia, www.wikipedia.org; Sonia Osorio, www.terra Colombia

La mayor claridad posible

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció hace pocos días la intención del gobierno de hacer cambios en la estructura de la educación superior en Colombia, al presentar un proyecto de reforma que de inmediato ha generado diversas opiniones. La ley vigente en ese sentido es la 30 de 1992 que organiza dicho servicio público en sus diferentes niveles: las instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y universidades.

Una de las justificaciones que se ha dejado escuchar de labios del mandatario y de la propia ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, reside en el hecho que la norma en referencia data de hace 18 años, cuando el mundo era otro, con realidades y dinámicas diferentes a las actuales. Seguramente cierto, pues las evidencias son notorias en varios aspectos, aunque en otros las situaciones no es que resulten demasiado opuestas. En fin.

Que se propongan renovaciones, innovaciones, modificaciones, otras miradas, resulta apenas normal dentro de las diversas concepciones que los seres humanos tenemos para ver y entender dicho mundo, mucho más cuando se está en los llamados círculos de poder y resulta necesario ejercer liderazgo y autoridad.

Sin embargo, aunque la propuesta debe revisarse con lupa y discutirse en escenarios de diverso orden, empezando por el universitario como tal, resulta conveniente y oportuno seguir aportando observaciones sobre este tema público, no porque proceda de lo gubernamental, sino por la sensibilidad social y política que de él se deriva, dado que la educación como sistema y como proceso será la que nos lleve a seguir como vamos o a enderezar el camino, en término de oportunidades, igualdad en cuanto a derechos y deberes, además de justicia y desarrollo.

Con o sin propuesta presidencial no puede perderse de vista lo que la misma Ley 30 recuerda en el artículo segundo del capítulo primero: "La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado". Por ello, no deja de causar inquietud que dentro del proyecto de reforma se hable de la creación de universidades con ánimo de lucro, inyección de recursos económicos de capital privado a las instituciones públicas para asegurar procesos de calidad que con los presupuestos de hoy son difíciles de alcanzar en varios casos, entre otras situaciones particulares que puedan generar controversia.

Si bien resulta cierto y preocupante que el nivel de cobertura en educación superior sea apenas del 37 por ciento, representado en millón 680 mil jóvenes, lo que significa que la mayor parte de los egresados de los colegios del país están dedicados a otras cosas por no encontrar cupos en las universidades o no contar con posibilidades económicas de ingresar a las mismas, la discusión no puede ser ligera ni superficial, sino que debe llevar a la búsqueda de consensos y no a simples imposiciones de la mayoría, como regularmente ocurre.

Las intenciones de ahora pudieran ser las mejores pero, de todas maneras, siguen haciendo parte del modelo económico que ha venido imperando en Colombia y que socialmente deja mucho que desear.

Los vientos de privatización de la universidad pública siguen soplando, así haya desmentidos sobre el particular. Es más, la injerencia del capital privado en la educación superior pública bajo el pretexto de lograr aportes que de otra forma no se podrían tener desde la esfera estatal, y el hecho de proponer crear instituciones con ánimo de lucro también genera inquietudes de diverso orden:

¿Será que la mirada hacía el sector educativo debe ser desde una postura industrial o postindustrial, tal como ha ocurrido en otras áreas? ¿El asunto será concebir al conocimiento no como facilitador de cohesión y desarrollo social sino como simple mercancía? ¿Habrá asomo de imposiciones desde el sector empresarial para que la escogencia de rectores y otros cargos directivos y administrativos tenga determinadas dinámicas y lógicas del estamento privado?

El Estado no puede desprenderse de la responsabilidad que tiene para con la nación en materia educativa, las reformas no pueden seguir alimentando una especie de feria de lo público dentro de los principios neo-liberales acostumbrados y cuyas consecuencias ya hemos experimentado en diferentes campos.

Si bien la propuesta puede poner al sistema educativo nacional en consonancia con los retos de nuestro tiempo, bien vale la pena un debate abierto sobre todos los aspectos que se proponen, en especial aquellos que causan serias dudas sobre sus reales propósitos, para que no pasen 'de agache' en medio de sofismas de diverso orden.

Colombia no puede seguir permitiéndose el lujo de tener universidades de primera, de segunda y de tercera categoría, ni mucho menos de endeudar a los futuros profesionales para que cuando se gradúen su mayor preocupación sea cómo pagar los préstamos que tuvieron que hacer para poder estudiar un pregrado, aplazándose así el sueño de varios de ellos de cursar posgrados lo más rápido posible para continuar creciendo en lo personal, en lo académico y en lo profesional.

La prosperidad democrática debe tomar lo educativo en serio y no permitir, por ejemplo, que instituciones públicas regionales tengan prácticamente que mendigar sus escasos presupuestos o depender de lo mucho o poco que les ingrese por matrículas y conceptos de extensión, sin eludir las responsabilidades que sus líderes tienen en materia de gestión. La tarea no va por entregar lo poco que queda al capital privado, sino por la defensa de la educación pública y porque el gobierno asuma un compromiso que debe ser ineludible, permanente y responsable.

La opinión pública colombiana, la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los diferentes estamentos deben permanecer atentos y participar activamente de las discusiones que se vienen dando y aquellas otras que llegarán, porque con la excusa de la cacareada y manipulada calidad académica y los retos oficiales de ampliación de cobertura no se puede conducir al país a una degradación mayor del que debería ser el más importante de los servicios públicos: la educación, en este caso, la superior.

La violencia de género: etapa aún por superar

Colombia tiene una deuda social con las mujeres. Por esa razón, además de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer, debe darse el espacio para que además de los besos, abrazos, ramos de flores y otros detalles, el país siga avanzando en la dirección correcta en materia de equidad de género.

Sea hoy la oportunidad de compartir algunas reflexiones, aún por profundizar, a propósito de tan significativa fecha.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cuya proclama se diera el 10 de diciembre de 1948 por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reza en su artículo primero: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Cabe precisar que esa igualdad está dada en los dos aspectos referenciados: dignidad y derechos, en el sentido que, frente a lo primero, no hay seres ni razas superiores o inferiores y, en cuanto a lo segundo, todos los integrantes de la especie deben gozar de los mismos derechos.

Sin embargo, esa igualdad no debe verse y convertirse como sinónimo de pensares y actuares homogéneos o uniformes, sino analizarse dentro del contexto social y cultural en que unos y otros se desenvuelven, pues allí hombres y mujeres no son iguales, simplemente distintos, algo fácil de decir y escribir pero difícil de aceptar en un mundo donde buena parte de los discursos y las prácticas se han construido, deconstruido y reconstruido desde una perspectiva patriarcal-dominante, que muchos hombres y mujeres han alimentado por siglos, los primeros al imponerla y, las segundas, al aceptarla.

En este caso podría adecuarse la inquietud de Pogge (2005: 15) cuando al preguntarse sobre ¿“cómo es posible que persista la pobreza extrema de la mitad de la humanidad a pesar del enorme progreso económico y tecnológico, y a pesar de las normas y de los valores morales ilustrados de nuestra civilización occidental enormemente dominante”?, para plantear el interrogante pero expuesto ahora desde la óptica sobre el tratamiento dado a la mujer dentro de ese mismo contexto de marginalidad.

Lo que no resulta claro, entonces, en la práctica, es cómo el mundo de occidente, para hablar de esta parte del planeta, abanderado e impulsor de los modelos de democracia y derechos humanos es protagonista dentro de sus relaciones de poder de aislamientos y exclusiones hacia la mujer, a pesar de los avances que ésta ha tenido en el último tiempo en espacios como el educativo, político y laboral, no porque se le haya dado a manera de concesión, sino porque a través de la lucha y la persistencia lo ha ganado.

Aquí bien cabe plantear lo que señala Ortiz Rivas (1994: 2) en el sentido que: “es cierto que los derechos humanos constituyen una valiosa categoría del orden legal, pero no son invento del 'derecho positivo, sino que al margen y con independencia del poder político, encarnan valores duramente conquistados por la humanidad, valores que provienen de la filosofía moral, política o jurídica”. Ese camino de luchas lo han tenido que recorrer las mujeres hasta lograr que las mismas normativas empiecen a explicitar respuestas a sus reclamos.

En ese orden de ideas Cornell (2004: 337) al hacer referencia al tema de los derechos, pero, ahora sí, desde una postura feminista, plantea que la exigencia que se impone para la formulación de una teoría de la justicia es que las mujeres deban ser pensadas y evaluadas como personas libres, y que todas las formas de legislación igualitaria deben adaptarse para que sean coherentes con la libertad de las mujeres.

Dentro de esta amplia mirada cabe cuestionarse sobre la generación y perpetuación, por así llamarlo, de las identidades en la sociedad colombiana, a partir de las reflexiones que surgen desde la perspectiva de género, en especial la feminista, en medio de grupos de personas y comunidades con elevadas riquezas naturales, humanas y creativas, pero también intérpretes de conflictos gestionados de formas violentas, donde la mujer ha sido discriminada, excluida y, en ocasiones, tratada como cosa y no como persona, en el aspecto integral del término.

No es sino revisar la historia oficial y formal de la República desde su constitución hace 200 años, tras haber logrado la independencia de España en 1810, para hallar ‘grandes ‘héroes’ de la patria y tal cual heroína, estas últimas no tantas como el número de amantes que se dejan leer en las páginas de diferentes libros cuando de dar cuenta de los libertadores se trata.

Las imágenes de los hombres que iban a los frentes de batalla mientras las mujeres se quedaban al cuidado de los hijos y las propiedades se han visto desfilar en documentales y series audiovisuales, lo que ha ayudado a acentuar mucho más esas ideas sesgadas sobre el supuesto deber ser del rol de la mujer en la sociedad, incluso restándole mérito y valor a dichas tareas, de por sí nobles y agotadoras.

Es así que en un país como Colombia que ha experimentado diferentes tipos de violencias a lo largo de su historia, la mujer ha sido relegada y vulnerada de diversas maneras: en algunos casos sometida casi con exclusividad a los oficios domésticos, incluyendo la crianza; en otros, a satisfacer apetitos sexuales; algunos más, relacionados con ejercer labores dentro y fuera de la casa en jornadas extenuantes, cuando no todos los anteriores en uno.

Si bien, aunque desde la segunda mitad del siglo XX las mujeres empezaron a tener derecho al voto, aumentó de manera considerable el número de ellas buscando formación académica de carácter profesional, ganaron algo más de espacio dentro del mercado laboral, no significa que la cultura patriarcal, machista, pueda considerarse como etapa superada en el país, pues sigue tan presente como antes pero con algunas modificaciones, entre ellas la independencia económica que la mujer ha logrado ganar en varios casos para no vivir a cuenta del hombre, en este caso, de su pareja.

Ahora bien, si de adentrarse algo en el conflicto armado interno colombiano se trata, para intentar tener otro referente particular de la violencia de género en el país, el panorama no es nada alentador. Muchos de los dramas de desplazamiento, torturas y homicidios han recaído en las mujeres.

A varias de ellas se les ha forzado a tener armas y accionarlas para ‘defender’ una u otra causa, en muchas otras circunstancias han quedado viudas, huérfanas o expulsadas de los territorios que habitan, además de los múltiples casos de acceso carnal violento registrados. En otras palabras, la mujer colombiana no ha resultado ajena al conflicto, por el contrario, ha sido una de sus victimas dentro de la degradación cada vez mayor que éste presenta.

Sin embargo, no resulta común encontrar los temas de género en las investigaciones que sobre el conflicto armado se han realizado en Colombia y, mucho menos, en las agendas de negociación cuando gobierno y guerrilla, por ejemplo, se han sentado a la mesa. Al intentar explicar la compleja situación colombiana bien se habla de “una guerra que se mueve entre las motivaciones políticas, económicas y sociales, en espacios en que se confunden lo legal, lo ilegal, lo legitimo y la delincuencia. Una guerra que se da dentro de un espiral de criminalización creciente, deshumanización marcada, desarraigo acentuado […] (Medina Gallego, 2009: 43). Entonces, ese panorama seguramente ofrezca algún tipo de respuesta al encabezado del presente párrafo.

Además, el débil ejercicio de la ciudadanía ha imposibilitado que en variadas oportunidades discusiones sobre la necesaria equidad de género no hayan logando mayor trascendencia Esto resulta fácilmente demostrable cuando se vende la idea general que es una ‘tragedia’, por ejemplo, una derrota deportiva y no los miles de casos de violencia intrafamiliar, maltrato laboral y vejámenes de todo tipo de que son victimas cientos de ciudadanos en el país, incluidas las mujeres.

A lo mejor esa construcción simbólica que empieza a hacerse en los mismos niños desde sus primeros años, cuando a los hombres se les regala armas y carros representados en juguetes para enfrentarse al mundo exterior, mientras a las niñas se les obsequia elementos propios de la casa, especialmente de la cocina, por citar apenas un caso de la vida cotidiana, ayudan a generar esas barreras que de lo familiar pasan a lo social y alimentan diversas taras que luego se reproducen en la vida adulta.

Finalmente, y como complemento a lo expuesto atrás, vale la pena revisar en materia de sexo y género algunos de los datos resultantes del más reciente censo de población realizado en Colombia durante 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

Del total de la población colombiana el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres.

· Las mujeres representan el mayor proporción de la población en todos los grupos poblacionales excepto en el de 0 a 14 años donde el 51% son hombres y el 49% son mujeres.

· En el área urbana de los municipios del total de personas de 5 años y más el 8,2% de las mujeres y el 8,9% de los hombres son analfabetas.

· En el área rural de los municipios del total de personas de 5 años y más el 21,3% de las mujeres y el 22,3% de los hombres son analfabetas.

· El 25,4% de las mujeres de 5 años y más frente al 48,2% de los hombres reportaron haber trabajado la semana anterior al censo.

· El 34,3% por ciento de las mujeres de 5 años reportaron haber realizado oficio del hogar la semana anterior al censo frente al 3,0% de los hombres.

· En el área rural de los municipios del 11,6% de las mujeres de 5 años y más frente al 50,2% de los hombres reportaron haber trabajado la semana anterior al censo.

· En el área rural de los municipios el 49,8% de las mujeres de 5 años y más realizaron oficios del hogar la semana anterior al censo frente al 5.8% de los hombres.

En fin, aunque para muchas personas los problemas de género son de carácter menor, bien vale la pena reflexionar sobre aspectos de este orden, empezando por las mismas mujeres y buscando también el empoderamiento de los hombres, pues los desarrollos social y humano no se logran cuando los unos oprimen a los otros, simplemente pensando que se trata de una voluntad natural, social o divina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORNELL, D. (2004). Pensar (en) género. Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo. Millán et al (editoras). Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. Bogotá.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2005).Manual técnico del censo general.

MEDINA GALLEGO, C. (2009). Conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Memorias casos FARC-EP y ELN. Universidad Nacional de Colombia.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.

ORTIZ RIVAS, H. (1994). Los Derechos Humanos. Reflexiones y normas. Editorial Temis, Bogotá.

POGGET, T. (2005). La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Editorial Paidos, Barcelona.

A tomarnos en serio el papel de ciudadanos

Una democracia lo es en tanto tenga una participación ciudadana activa a través de grupos organizados y representativos de la sociedad civil y en la medida que sus gobernantes trabajen en pro del bien común . De lo contrario, se convierte en un remedo de organización social y política que pretende legitimar discursos y prácticas cada vez que se acude a las urnas para elegir unos cuantos personajes que, bajo delegación del pueblo, reciben la responsabilidad y el orgullo de ocupar distintas dignidades o cargos en lo que aquí también podríamos llamar la cosa pública (Res Pública), para intentar asegurar el funcionamiento institucional de un país o territorio.

Sin embargo, resulta no menos que vergonzoso sentarse a ver un noticiero de televisión, escuchar uno de radio o repasar las páginas físicas o virtuales de los periódicos y revistas para asistir de manera cotidiana al grotesco espectáculo de funcionarios y servidores públicos comprometidos en temas de corrupción, de la mano de contratistas y proveedores del sector privado que con tal de ganar millonarias licitaciones acceden a todo tipo de presiones para resultar favorecidos. Seguramente no sean todos, pero en un país como Colombia pareciera convertirse en la regla general, por lo menos cuando las cuantías resultan altas.

La sanción disciplinaria impuesta hace pocos días al Contralor de Bogotá por haber participado, según el Ministerio Público, en el trístemente célebre "cartel de la contratación" en el distrito capital, pone también el dedo en la llaga: ¿Están revestidos los organismos de fiscalización del país en los niveles central, regional y local de la suficiente estatura ética y moral para cumplir a cabalidad con sus funciones en representación de nosotros, los ciudadanos?

La pregunta resulta pertinente por cuanto no es la primera vez que se tiene conocimiento de actuaciones fraudulentas, por fuera de la ley, de los llamados a cumplir ésta y hacer que otros también lo hagan. Tendrá que revisarse el modelo que se sigue para la escogencia de quienes llegan a cargos de dirección en estamentos como las contralorías, procuradurías, fiscalías, personerías, etc, con el objeto de hacer replanteamientos parciales o totales.

Razones tienen quienes invitan a que los cambios lleven, incluso, a la eliminación o supresión de dependencias en determinados niveles. También aparecen argumentos serios de aquellos que advierten que si por las fallas que se presentan fuera, entonces tocaría cerrar ministerios, gobernaciones, alcaldías y hasta la misma Presidencia, cuando de manera reiterada muchos de sus protagonistas han ido o van de mal en peor; propugnando en consecuencia porque el asunto sea mejorar lo existente.

Dentro de la opinión pública el panorama presente genera confusión y, en no pocos casos, desesperanza, aunque lo mejor que podría ocurrir es que la sociedad como tal se siga organizando y tome en serio el papel de soberano que nuestro sistema político-social le entrega, para que los gobernantes conviertan en realidad los proyectos que las comunidades definan para sí y no lo que a los funcionarios les venga en gana. En otras palabras, el interés público sobre el interés particular, del que tantas veces hemos escuchado hablar.

Es cierto, del discurso a la práctica, del dicho al hecho, de la retórica a la acción, el camino no resulta nada fácil, pero iniciativas civiles de todo tipo se encuentran a lo largo y ancho del país, muchas sin mayor publicidad mediática. La sociedad civil es democrática, humanista, noviolenta. Los movimientos sociales por los derechos civiles y los movimientos feministas de los años 60 y 70, experiencias de resistencia campesina a la violencia como la ocurrida en el magdalena medio, de resistencia cultural como la de los 'Hijos del tabaco,la coca y la yuca dulce' en el amazonas; los grupos ecologistas de antes y de ahora en distintas regiones, se convierten en muestra que cuando se quiere, se puede, por peligroso o dilatado que sea el camino.

Lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, Africa y Medio Oriente en particular, debe sonar como campanazo de alerta en territorios como los nuestros, a lo mejor no porque la población vaya a levantarse en revueltas y pedir que los gobernantes abandonen sus cómodos cargos como ocurriera en Egipto y Túnez y ya casi en Libia, pues aquí las épocas de las dictaduras ya pasaron, así algunos se autoconsideren especies de capataces de la nación para proponer, hacer y deshacer.

El tema va por otro lado. La reacción de allá debe servir como ejemplo acá para que la gente del común se interese más por lo que aquí sucede, porque lo público y su esfera sea algo prioritario, punto de discusión permanente, de encuentros y desencuentros, y no meramente tajada monetaria y repartición de puestos para los avivatos del poder y sus amigos o compinches.

No puede continuar ocurriendo que la ética de lo público quede simplemente como utopía, deseo o ideal, mientras al país se lo siguen robando sin que a muchos de los ciudadanos del común les interese. Aquí debemos comportarnos como ciudadanos y no como súbditos, pues decimos vivir en democracia y, que se sepa, en Colombia hoy no opera ninguna monarquía.

Se supone que la división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) en una República pretende, entre otras cosas, evitar la concentración del mismo en pocas manos y, con ello, el abuso que se genera cuando esto último así ocurre. Siempre ha sido el momento, ahora también (adaptando la propuesta encaminada a cuestionar el papel de los medios de comunicación como cuarto poder), de apelar a lo que se le ha escuchado mencionar en varias oportunidades al director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet: el quinto poder, el de la gente, el de los ciudadanos, porque buena parte de los otros o bien están confundidos, refundidos o peligrosa e 'interesadamente' conectados.