martes, 24 de abril de 2012

Retos de los comunales

En los diferentes municipios colombianos todo parece estar dispuesto para la elección de los nuevos dignatarios de las juntas de acción comunal este domingo 29 de abril.

Para muchos la ocasión pasará nuevamente desapercibida mientras otros le darán el realce y la magnitud que merecen organizaciones de dicho talante, asi las tareas de varias de ellas no adquieran las dimensiones de lo que implica  trabajar de forma directa por aquellos sectores que los hoy candidatos habitan.

Cácota, Norte de Santander.
Bien lo establece la Ley 743 de 2002 en su artículo segundo al expresar que "el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado para mejorar la calidad de vida de las comunidades."

En otras palabras, ser comunal no significa algo de 'poca monta' sino liderar aquellas iniciativas fundamentales para beneficio del común de la población. Entonces: ¿Por qué  casi siempre los candidatos son los mismos? ¿Por qué casi siempre los apáticos son los mismos?

Mas allá de las motivaciones que existieran para institucionalizar la acción comunal en Colombia en 1958 en pleno marco de la llamada época de la violencia política en el país, las reflexiones de hoy deben orientarse a a hacer las evaluaciones del caso pero, sobre todo, a perfilar las acciones de las juntas para que sus resultados sean mayores de aquí en adelante.

Varios comunales han sacrificados sus vidas por atender de manera comprometida y responsable las tareas que demanda representar a sus barrios. Algunos otros se han convertido en tentáculos de movimientos politicos que han impregnado en la acción comunal los vicios y mezquindades de lo politiquero y lo corupto.

Más allá de las experiencias anteriores, positivas o negativas, buenas o malas, admirables o reprochables, lo cierto es que este domingo se ofrece otra oportunidad para que los habitantes de los barrios elijan a sus voceros directos.

Es una tarea de mucha importancia y donde las ideas de lo comunitario, del interés común, de lo que le permite a las gentes potenciar la comunicación pública y la comunicación política, deben protegerse y desarrollarse.
El ideal es que  quien llegue a recibir el apoyo de los vecinos para integrar la Junta de Acción Comunal
del barrio no sea inferior a la dignidad que se le confiere, pero tampoco que asuma tamaña responsabilidad como simple costumbre, como carga pesada, como castigo o como forma de ocupar el tiempo.

Si se tratara de armar una escalera podría afirmarse que el primer gran campo de acción de una persona que aspire a ser concejal, alcalde, diputado, gobernador, congresista y hasta máximo dirigente de un país debiera estar en una Junta de Acción Comunal. En la realidad, generalmente, no ocurre, pero si resulta un gran fogueo para quien de verdad tiene el sentido de servicio a la comunidad de la que hace parte.

A propósito: ¿Sabe Ud. el nombre del actual Presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio?

lunes, 23 de abril de 2012

¿Darle tiempo a El Tiempo?

La semana anterior fue presentada de manera formal y pública la noticia que desde hace varias semanas se daba como hecho: la adquisición por parte del empresario más importante de Colombia, Luís Carlos Sarmiento Angulo, de las acciones mayoritarias del diario El Tiempo de Bogotá, medio de comunicación del cual ya era uno de sus copropietarios en compañía de Planeta de España, el vendedor.

El hecho no pasaría de ser otra de las tantas transacciones que se dan a diario en el país si no comprometiera a la empresa periodística de mayor influencia en el territorio nacional y a la persona más rica económicamente que tiene esta parte del continente y quien hace parte de los cien individuos con más dinero en el planeta.

Aunque no se trata de emitir juicios a priori no deja de causar inquietud que los poderes económicos e informativos de Colombia sigan hoy tan 'casados' como antes. Muestra de ello son los ejemplos de la organización Ardila Lulle y del Grupo Santodomingo con sus dominios en radio, televisión y prensa, para no citar otros casos propios de la provincia colombiana a menor escala.

No hay que olvidar que de la mano del poder económico se ha alimentado el poder político en este país y se ha desangrado el poder ciudadano.

Sarmiento Angulo es dueño de buena parte de los bancos más importantes de Colombia, entre muchas otras propiedades que posee. Algunos lo han llegado a calificar, incluso, de "dueño del país", frase que no está muy alejada de la realidad. Es de imaginarse que su incursión en los medios de comunicación no se da por pura filantropía o porque simplemente ya no sabe qué hacer con tanta plata.

El Tiempo, propiedad durante la mayor parte de su historia de la familia del hoy Presidente de la República, Juan Manuel Santos, empezó a ver mermada su credibilidad por situaciones como ésa: la participación en política electoral de algunos de sus entonces accionistas.

Sobre la independencia de un medio periodístico no puede haber ninguna duda, pues apenas entra en sospecha lo primero que se afecta es la credibilidad, el mayor patrimonio de un periodista y de una organización mediática.

Aunque Sarmiento Angulo ha prometido que el periódico, ahora de su propiedad, seguirá con los mismos principios informativos que han caracterizado a dicho medio, sólo el tiempo dirá si es sano en esta oportunidad ese matrimonio entre el poder económico y algo que en esencia debe ser todo lo contrario: contrapoder.

Los medios de comunicación con debilidades financieras algunas veces quedan expuestos a intentos de sobornos y chantajes por parte de quienes persiguen intereses particulares, por lo que resulta saludable que tengan solidez económica. Sin embargo, que esa solidez esté representada y manejada por los dueños de los bancos privados (Grupo Aval), de los financiadores de campañas polítícas, de quienes presionan decisiones al más alto nivel en instancias públicas y privadas, de quienes serán los grandes beneficiados con los tratados de libre comercio, así nada de lo anterior sea necesariamente delito, no resulta tampoco saludable ni conveniente.

No debe olvidarse que la comunicación y la información son derechos universales, ciudadanos, públicos y políticos, que deben estar sujetos a controles de todas las personas pero no para limitar sus acciones sino para prevenir los abusos que pudieran generarse por parte de quienes deciden, para este caso particular, las agendas informativas.

Excelente oportunidad para los observatorios de medios de la universidades y la ciudadanía en general respecto al seguimiento que debe hacerse a la calidad informativa del casi único medio impreso de circulación nacional, que además tiene dos canales de televisión, otros periódicos impresos y multimediales que integran una gran casa editorial.

Qué bueno resultaría que tantas razones fueran infundadas, pues a los medios de comunicación no hay que perdirles objetividad (un imposible real, mas sí un ideal ético), pero sí rigurosidad y honestidad.

Para razones...el tiempo. ¿O Luís Carlos Armiento Angulo?